Las estadísticas no mienten: los cinco países con mayor letalidad por arma de fuego en el mundo son del continente americano. El primer lugar lo tiene Brasil y el segundo los Estados Unidos. Además, el 80% de las muertes se registran con armas fabricadas en ese país, donde es más fácil comprar un rifle de asalto que un antibiótico. Por eso no es gratuito afirmar que los gringos ponen las armas y nosotros los muertos. México y Colombia ocupan los deshonrosos tercero y cuarto lugar. México además ocupa el segundo lugar de muertes por balas perdidas.

¿De verdad se piensa que permitir que las personas porten y posean armas va a aumentar la seguridad y la paz en nuestro país? Con frecuencia se dice que si alguien va a sacar un arma es porque está dispuesto a usarla. En pocas palabras: está dispuesto a matar. Esta propuesta de “armar” a la gente parece o una mala imitación de una cultura obsoleta y sanguinaria o al menos un gran despropósito. Una invitación a matarnos los unos a los otros. Cuando lo bonito sería amarnos los unos sobre los otros. 

Tenemos el ejemplo de nuestro vecino del norte, con sus matanzas escolares recurrentes, donde el aliento y la defensa de la libertad de las personas para poseer armas, es alimentado por un respeto irracional a una de las pocas enmiendas de su constitución, la segunda de 27, enmienda que por cierto fue promulgada en el año de 1791, por lo que si somos rigurosos, constituye al menos un anacronismo. Anacronismo que ahora quieren importar a nuestro país, donde además ha existido una propensión a la violencia históricamente verificable.

¿En verdad se considera que la violencia se combate con más violencia? ¿Apagar el fuego con gasolina? No argumentamos contra el derecho de las personas a la legítima defensa. Ni tampoco el derecho colectivo a rebelarse contra leyes injustas, invasiones extranjeras o gobiernos tiránicos. Eso es irrebatible. Pero también es incontrovertible que la violencia genera más violencia.

La guerra contra las drogas de Felipe Calderón –continuada después por Peña Nieto– es una muestra indiscutible de esta espiral de la violencia que ahora padecemos. Las armas además –como los bárbaros– nos llegan del norte. Y aunque ahí se enmascara el legítimo derecho a la libertad y seguridad personal con el argumento constitucional, en la práctica los que se defiende y protege es un lucrativo complejo industrial militar, que ha sido causante de más muertes a nivel planetario que muchas de las más devastadoras epidemias.

Ese complejo industrial militar posee el camuflaje “civil” de la rancia Asociación Nacional del Rifle, cuyos ecos parecen reverberar en el cerebro colonizado de aquellos mexicanos que ahora exigen el derecho a la portación y posesión de armas.

¿En lugar de proponer despropósitos, no sería más conveniente educarnos, combatir la desigualdad, arrinconar a la delincuencia con la cohesión social, aprender a resolver nuestras controversias a través del diálogo, la participación social activa y la negociación: formas de construir ciudadanía?

Se dice que el criminal armado hasta los dientes no entiende de razones. Pero a no ser que sea en legítima defensa, el que lo enfrenta a balazos o promueve su linchamiento, en lugar de confrontarlo con la fuerza de la ley: ¿no se convierte acaso también en un criminal? Las verdaderas armas de la ciudadanía no deberían ser la balas, sino la participación pública, el debate razonado y la exigencia a las autoridades elegidas por nosotros mismos –en la medida en que se vive en democracia– para que actúen en defensa de la ciudadanía. De otro modo el monopolio del uso de la fuerza pública que se le concede al gobierno sería inútil.

Aún con lo imperfecta que pueda ser nuestra democracia, lo es más cuando los ciudadanos no actuamos para obligar a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones sociales. No para favorecer a un grupo privilegiado, sino para tutelar los derechos de cada una de las personas que forman parte del colectivo llamado México. Tampoco podemos negar la debilidad de nuestro sistema judicial, la corrupción e ineptitud de nuestras policías, la incapacidad del estado para hacer valer los principios inscritos en la constitución.

Pero suponer que entregarle a las personas el derecho individual de hacerse justicia a punta de pistola, no supone en ningún sentido una mejoría de aquellas variables, sino por el contrario, en muchos sentidos las exacerba. ¿En que medida eso que tenemos como sociedad es también resultado de eso que somos individualmente? ¿Dónde queda la responsabilidad de cada quién? En otras palabras: ¿qué hacemos cada uno en lo personal para no merecer esto?